Quede paralizado Cruzada contra la corrupción y la impunidad

Mas noticias en http://noti.mx ...Mas sabe el diablo por viejo aunque a veces si le falla te digo Amigos de Coparmex:
Respaldemos el emplazamiento del Presidente Calderón para que se someta a los
altos mandos de seguridad pública y procuración de justicia de los estados a
exámenes de confianza en este mes de abril. Es lo mínimo que debe hacerse ante
el rezago de lo convenido en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la
Legalidad del 2008.
Más aún, no pasemos por alto el llamado a fortalecer la lucha contra la corrupción,
que el Presidente reiteró en su convocatoria, a menos de un mes de enviar al
Congreso la iniciativa de Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas y
de reforma a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los
Servidores Públicos.
Era urgente que este tema volviera como prioridad al debate público. La arraigada
cultura de la corrupción y la impunidad en México, que se da en todos los ámbitos,
es causa primordial de la grave situación de crimen y violencia que hoy
padecemos. Los mexicanos debemos decidirnos a superar definitivamente este
mal que contamina la vida política, social y económica en el país.
Las iniciativas presentadas por el Ejecutivo plantean medidas para mejorar la
capacidad de detección y procesamiento de casos de enriquecimiento ilícito de
funcionarios, recompensas para la denuncia y multas a empresas que incurran en
actos de corrupción en contratos con el gobierno federal. Los montos llegan hasta
el 30% del valor de éstos y la inhabilitación de participar en contrataciones
públicas por un periodo de hasta ocho años.
Se busca que la Secretaría de la Función Pública cuente con un mecanismo
permanente para intervenir en casos de corrupción por oficio, con un enfoque
general que parte de la responsabilidad recíproca de complicidad entre quien se
corrompe y quien corrompe para obtener beneficios a cambio de dádivas, evadir
requisitos, ganar licitaciones o actuar como prestanombres. Coparmex condena,
sin matices, estas prácticas.
La contraparte de los funcionarios corruptos, son los empresarios y ciudadanos
corruptos. Juntos, perjudican al Estado, generan inequidad y una descomposición
del ambiente de negocios que incide negativamente en la competencia, la
competitividad, los costos y la pérdida de inversiones.
Para que las medidas funcionen, será preciso consolidar un andamiaje
institucional apropiado y garantizar la protección de los denunciantes. En muchas
empresas de México y de todo el mundo se han establecido sistemas eficaces
para la denuncia anónima de casos de corrupción y fraude que vale la pena
evaluar para fortalecer las medidas contempladas.
Es indispensable considerar la pertinencia de extender la legislación a los estados
y municipios, con una ley de carácter general. Es en el ámbito local donde se
presentan más casos de corrupción, por el rezago en materia de transparencia y
las actividades involucradas, como control de tránsito, permisos de licencias de
construcción, inspecciones y verificaciones.
Es momento de emprender una gran cruzada nacional contra la corrupción y la
impunidad. Es necesario, oportuno y del interés de todos. Una de las mayores
esperanzas que movilizaron la transición democrática fue renovar la vida pública
en México, para que estos males dejaran de ser parte consustancial de ella.
Ha habido avances, como la Ley Federal de Transparencia y la reforma judicial del
2008, a pesar del gran rezago en su implementación. Sin embargo, estamos
todavía muy lejos de la regeneración moral e institucional esperada y necesaria.
La autocrítica es indispensable para reconocer un problema y resolverlo: como
nación hemos fallado en la asignación pendiente de dejar de ser un país donde la
corrupción y la impunidad son prevalentes. Esto nos implica a todos, como
víctimas y responsables, directos o indirectos, por la tolerancia o la falta de
resolución para abatir un problema crónico, tan enraizado en nuestra sociedad.
Con una calificación de 3.1 en escala del 0 al 10, México se ubicó en el lugar 98
de 178 países en el Índice de Percepción de la Corrupción 2010, cayendo nueve
lugares respecto a 2009.
Se ha estimado que el costo de la corrupción equivale al 9% del PIB
aproximadamente, y que las empresas gastan en promedio un 10% de sus
ingresos en ello, como una necesidad operativa. De acuerdo con encuestas, 44%
realiza pagos extraoficiales a servidores públicos, en cualquiera de los niveles de
gobierno.
Siete de cada 10 empresas ve mermada su competitividad por esta situación. No
recurrir al pago de sobornos, a menudo provoca lentitud en los trámites, multas
injustificadas, pérdida de contratos de forma arbitraria y aumento de los costos;
esto sin contar los efectos de actividades como el contrabando, que vulneran a
muchas industrias y miles de negocios formales.
Más allá de las empresas, las familias de menores ingresos son las más
afectadas, teniendo que destinar un promedio de casi 14% de su ingreso a la
corrupción con la que tienen que lidiar de forma cotidiana.
La impunidad y la injusticia son el reverso del problema. Se calcula que sólo siete
de cada mil delitos terminan en una sentencia. Únicamente 15% de las denuncias
se investiga.
Según encuestas, el 80% de los mexicanos desconfía de un sistema judicial en el
que los procesos penales tardan más de dos años en promedio.
Aproximadamente 60% de los detenidos en cárceles fueron ingresados por delitos
patrimoniales de cantidades menores a 5 mil pesos, mientras que casos de
extorsión, soborno, peculado, colusión, fraude, tráfico de influencias o venta de
plazas, donde las cifras son millonarias, quedan impunes.
En México, la corrupción y la impunidad tienen raíces muy hondas. Para
superarlas, hay que actuar inclusive desde la formación cívica y ética de nuestros
niños implementando estos programas en las escuelas.
Finquemos las bases de una regeneración moral e institucional para pasar
definitivamente del terreno de lo acostumbrado al de la excepción. Esta es una
herencia que estamos obligados a dejar a las próximas generaciones.
Llamamos a los legisladores a debatir y aprobar las medidas anticorrupción
propuestas con la mejor fórmula.
Los empresarios de Coparmex invitamos al Presidente de la República y a todos
los Gobernadores, a impulsar una gran alianza contra la corrupción y la
impunidad, con un plan estratégico integral y transexenal; que tenga el enfoque
multifactorial que exige un problema tan complejo y sea capaz de provocar el
consenso social necesario para movilizar la voluntad nacional.
Los mexicanos necesitamos un cambio profundo en nuestra actitud para dejar de
ser un pueblo que busca el beneficio personal, a costa de su nación
Es hora de de ser intolerantes con la corrupción, la impunidad, la arbitrariedad, los
privilegios y la injusticia. Los empresarios de Coparmex estamos por la renovación
de México. Impulsémosla en nuestras familias, empresas y comunidades.
Coparmex cuenta con ustedes, y ustedes con Coparmex.